Por: Braian Villagra

Decenas de miles de ciudadanos georgianos han vuelto a inundar las calles de la capital, Tiflis, en una muestra de descontento contra un controvertido proyecto de ley sobre "influencia extranjera", que ha sido comparado con las leyes rusas utilizadas para reprimir la disidencia.

Desde el pasado 9 de abril, las manifestaciones se han convertido en una constante en la vida política y social del país, desencadenadas por la presentación de este proyecto legislativo por parte del gobierno. Críticos argumentan que la propuesta se inspira en la ley rusa de "agentes extranjeros", conocida por su uso para silenciar voces críticas.

La multitud hizo sonar silbatos y ondeó banderas blancas y rojas, símbolos de Georgia, junto a la bandera azul con estrellas amarillas de la Unión Europea.

La protesta se desarrolló en dos puntos clave: frente al Parlamento y en la plaza de los Héroes, donde se erige un monumento a los soldados georgianos caídos. Sin embargo, la tensión estalló cuando la policía disparó gas pimienta y detuvo a varios manifestantes que bloqueaban el acceso a la plaza.

Las consignas de los manifestantes eran claras: rechazo a la supuesta influencia rusa en la política interna de Georgia y acusaciones de traición hacia los diputados del partido gobernante, Sueño Georgiano. "Estamos unidos para mostrar a las marionetas del Kremlin que no aceptaremos un gobierno que va en contra de los deseos del pueblo", declaró Giorgi Loladze, uno de los manifestantes.

Este proyecto de ley ya había sido objeto de protestas en el pasado. A principios de 2023, el partido Sueño Georgiano intentó su aprobación, pero debido a la presión popular no logró avanzar. Sin embargo, en abril de este año, el gobierno volvió a presentarlo y el miércoles pasado obtuvo la aprobación en segunda lectura, con planes de promulgarlo para mediados de mayo.

Las críticas internacionales no se han hecho esperar. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades georgianas a retirar el proyecto de ley y a entablar un diálogo con la sociedad civil y los medios de comunicación. Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos expresaron su preocupación por el impacto que esta legislación podría tener en la libertad de expresión y la represión de la disidencia.

En medio de esta crisis política, Georgia se encuentra en una encrucijada, donde las decisiones del gobierno podrían afectar no solo su relación con Occidente, sino también su propia estabilidad interna. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro del país en su camino hacia la integración europea y la preservación de sus derechos democráticos fundamentales.