Por: Mundo en Conflicto

La Fiscalía de la Nación de Perú ha ampliado su investigación preliminar sobre la presidenta Dina Boluarte, en relación con la supuesta omisión de declarar relojes Rolex y ahora por un incremento patrimonial sin justificar, así como la posesión de joyas de alto valor, según declaraciones del fiscal general interino, Juan Carlos Villena.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villena anunció que la investigación se ha ampliado y ahora se incluyen declaraciones juradas que señalan un aumento patrimonial de 432.000 soles en dos años, junto con la posesión de una pulsera de lujo valorada en 56.000 dólares y otras joyas cuyo valor supera los 500.000 dólares. Además, se mencionaron depósitos bancarios de origen desconocido por más de 1,1 millones de soles en cuentas de la presidenta.

Boluarte ha declarado que estos fondos no son de su propiedad directa, sino que provienen del Club Departamental Apurímac, del cual fue presidenta antes de asumir su cargo en el Gobierno de Pedro Castillo en 2021.

Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, ha defendido la legalidad del allanamiento realizado en la residencia de Boluarte y en el Palacio de Gobierno, afirmando que se llevó a cabo dentro del marco de la ley y no fue inconstitucional, como denunció el Gobierno.

En respuesta, Boluarte ha calificado el allanamiento como arbitrario, desproporcionado y abusivo, negando haberse resistido a la investigación fiscal y criticando el daño causado a sus derechos familiares y a la gobernabilidad por el rompimiento de la cerradura en su residencia.

Esta situación ha generado una división de opiniones entre la presidenta y la Fiscalía, con la última respaldando la legalidad del procedimiento en base a la orden emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.