El sábado pasado, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, emitió fuertes declaraciones respecto al allanamiento llevado a cabo en el domicilio de la presidenta del país, Dina Boluarte, y en el Palacio de Gobierno. Este operativo se realizó como parte de una investigación fiscal preliminar, suscitando preocupaciones sobre el estado de la democracia y la constitucionalidad en la nación sudamericana.

Arana, en conjunto con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, condenó la acción, calificándola como un intento de politizar la justicia y debilitar las instituciones democráticas y presidenciales. Más de 20 policías y fiscales participaron en el allanamiento, el cual fue descrito por Arana como "desproporcionado, inconstitucional e ilegal".

El allanamiento, que se prolongó por cinco horas en el domicilio de Boluarte y continuó en el Palacio de Gobierno durante la madrugada del sábado, forma parte de una investigación abierta el 18 de marzo contra la mandataria por supuesto enriquecimiento ilícito.

Adrianzén se sumó a las críticas, afirmando que el allanamiento era inconstitucional y desproporcionado, y negó cualquier responsabilidad de Boluarte en los delitos bajo investigación. Asimismo, expresó su preocupación por el impacto político y económico de estas acciones.

El ministro aseguró que Boluarte colaborará con la Fiscalía cuando sea convocada y resaltó que los ministros del gabinete expresan su solidaridad con la presidenta, rechazando enérgicamente estas acciones consideradas desestabilizadoras.

La investigación preliminar se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio de Boluarte, específicamente en la posesión de relojes de lujo no declarados, según informes de medios locales.

El allanamiento ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el estado de derecho en Perú, con llamados a preservar el orden constitucional y garantizar un proceso justo y equitativo para todos los involucrados.