Por: Mundo en Conflicto

Campesinos seguidores del expresidente Evo Morales han intensificado los cortes de rutas en Bolivia, buscando impedir su posible arresto mientras enfrenta una investigación por presunto abuso de una menor durante su mandato en 2015. Los bloqueos, que comenzaron el lunes y se han extendido a varias regiones del país, reflejan la polarización en torno al exmandatario y la tensa relación con el actual gobierno.

Desde el martes, las protestas han afectado las carreteras que conectan Cochabamba, en el centro del país, con importantes ciudades como La Paz, Sucre y Santa Cruz. Los manifestantes, armados con piedras, escombros y montículos de tierra, han interrumpido el tránsito en al menos cinco rutas, según reportes de la Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).

La escalada de tensión se ha sentido particularmente en Parotani, un poblado que une Cochabamba con La Paz, donde por segundo día consecutivo se registraron enfrentamientos entre civiles afines a Morales y la policía. En medio de fogatas y detonaciones de petardos, la fuerza del orden respondió con gases lacrimógenos. Hasta el momento, no se han reportado heridos, aunque las imágenes transmitidas por medios locales evidencian un clima de alta conflictividad.

El trasfondo de las manifestaciones es el rechazo de los seguidores de Morales a la posibilidad de que sea detenido, tras incumplir una citación de la fiscalía del departamento de Tarija el jueves pasado. El exmandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 como el primer presidente indígena del país, debía declarar en un caso en el que se le acusa de “estupro, trata y tráfico de personas”.

El liderazgo del movimiento de protesta ha recaído en el Pacto de Unidad, una coalición de organizaciones afines al expresidente, que justifican las movilizaciones como una medida para “resguardar la libertad y la integridad” de Morales, y evitar lo que consideran un “secuestro” por parte de las autoridades judiciales. En un comunicado, el grupo señaló que mantendrán los bloqueos hasta que se garantice la seguridad del exmandatario.

Por su parte, el gobierno del presidente Luis Arce, exministro de Economía de Morales, ha intentado sin éxito abrir un canal de diálogo con el exmandatario. La falta de respuesta de Morales a la invitación del lunes refleja la profunda división entre ambos, quienes pasaron de ser aliados cercanos a adversarios políticos.

El expresidente ha calificado el caso como “una mentira más”, alegando que la justicia ya investigó y archivó las acusaciones en 2020. No obstante, el proceso judicial se ha reactivado, poniendo en jaque a uno de los líderes políticos más influyentes y controvertidos de Bolivia. 

Las protestas en apoyo a Morales no solo subrayan la crisis política en el país, sino también la fragilidad del sistema judicial y la polarización que sigue marcando la escena boliviana. Mientras las rutas permanecen bloqueadas y las tensiones aumentan, el futuro del exmandatario y su influencia en la política nacional siguen siendo inciertos.