Por: Mundo en Conflicto

Edmundo González Urrutia ha descartado por el momento la posibilidad de solicitar asilo en alguna embajada tras la emisión de una orden de captura en su contra. La decisión judicial, ejecutada en medio de una creciente tensión política, ha generado una ola de reacciones a nivel internacional, con condenas provenientes de varios países, entre ellos Brasil y Colombia.

La orden de captura fue emitida el pasado lunes por la noche por un tribunal especializado en terrorismo, apenas minutos después de que la fiscalía presentara la solicitud. González Urrutia, de 75 años, se encuentra en la clandestinidad desde el 30 de julio, después de denunciar lo que considera un fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro. El opositor afirma haber ganado los comicios del 28 de julio, una postura que ha sido respaldada por sectores críticos al gobierno.

**Acusaciones y reacciones**  
El diplomático enfrenta cargos por “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”, entre otros. Su abogado, José Vicente Haro, manifestó este martes que desconocen detalles precisos del expediente judicial y señaló que, hasta el momento, la orden de captura no ha sido ejecutada. Haro también dejó claro que ni González Urrutia ni su familia han considerado solicitar asilo diplomático.

Desde su escondite, González Urrutia ha sido objeto de duras críticas por parte del presidente Maduro, quien lo calificó de cobarde, usando el término "enconchado", comúnmente utilizado en Venezuela para referirse a quienes se ocultan de las autoridades. Maduro también sugirió que el opositor estaría preparando su fuga del país.

**Posibles sanciones internacionales**  
Ante la escalada de tensión, Estados Unidos, que cortó relaciones formales con Venezuela hace cinco años, está evaluando nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, expresó que el país norteamericano está considerando "una serie de opciones" para demostrar a Maduro que sus acciones ilegítimas tendrán consecuencias. En tanto, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló que la orden de captura es una muestra más de los intentos del mandatario venezolano por mantenerse en el poder por la fuerza.

Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil, respondió calificando a los críticos como "cómplices de la pandilla criminal" que intentó desestabilizar el país, y defendió la orden judicial contra González Urrutia.

**Reacciones en América Latina**  
Los gobiernos de Brasil y Colombia, tradicionalmente cercanos al gobierno de Maduro, expresaron su “profunda preocupación” por la situación y advirtieron que la orden de arresto podría obstaculizar los esfuerzos para una resolución pacífica de la crisis en Venezuela. Esta postura representa un endurecimiento en las posiciones de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes han liderado las iniciativas de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.

**Condena internacional**  
La medida judicial contra González Urrutia también ha generado rechazo en Europa y otros países de América Latina. Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, condenó "categóricamente" la orden de captura, mientras que un portavoz de Naciones Unidas afirmó que el secretario general, António Guterres, sigue con preocupación los acontecimientos en Venezuela y reiteró su llamado al respeto de los derechos humanos.

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se sumaron al rechazo internacional, calificando la orden de captura como un intento de "silenciar a González Urrutia" y de "desconocer la voluntad popular venezolana". En un comunicado conjunto, estos países denunciaron la falta de separación de poderes en Venezuela y condenaron lo que consideran prácticas dictatoriales.

**Escenario político**  
Maduro, proclamado reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato de seis años hasta 2031, enfrenta cuestionamientos por la falta de transparencia en el escrutinio electoral. La oposición sostiene que la victoria de González Urrutia se demuestra con copias de más del 80% de las actas de votación, publicadas en un sitio web. Sin embargo, el chavismo desestima estas pruebas, alegando que se trata de documentos falsificados. Esa página web se ha convertido en el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto del opositor.

La orden de captura fue emitida luego de que González Urrutia desobedeciera tres citaciones para presentarse a declarar en la fiscalía. El diplomático argumentó que el Ministerio Público actúa como un "acusador político" y que lo someterían a un proceso "sin garantías de independencia y del debido proceso".

Maduro también pidió cárcel para María Corina Machado, otra líder opositora actualmente en la clandestinidad, a quien responsabiliza junto a González Urrutia por la violencia registrada durante las protestas poselectorales. Las manifestaciones dejaron un saldo de 27 muertos, entre ellos dos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, incluyendo a un centenar de menores de edad. 

Este nuevo episodio agrava la crisis política en Venezuela y pone en jaque los esfuerzos internacionales para buscar una salida negociada al conflicto que afecta al país.