Por: Braian Villagra

Activistas bolivianos intensifican su llamado a profundizar la aplicación de la Ley 348, que combate la violencia machista en un país donde ya se han registrado 52 feminicidios en lo que va del año. Esta postura se contrapone a la propuesta de algunos senadores oficialistas que buscan modificar la norma, considerándola “antihombres”.

Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, subraya la gravedad de la situación en Bolivia, país que aún presenta altos índices de violencia hacia las mujeres en la región. “Por eso se necesita y se luchó para que haya una ley específica para atender la violencia contra las mujeres”, destacó. La Ley 348, vigente desde 2013, busca precisamente esto, castigando el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

Sánchez explicó que su organización, que agrupa a 26 entidades defensoras de la igualdad de género, estima que en Bolivia “cada cuatro días se mata a una mujer por el hecho de ser mujer” y que “cada día se registran 30 denuncias de violencia sexual” con graves consecuencias, como el embarazo adolescente. Añadió que los mayores agresores son, en muchos casos, personas del entorno cercano de las víctimas. “Es necesario profundizar en la implementación de la ley en términos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres”, manifestó.

El boletín más reciente, elaborado por la Coordinadora de la Mujer junto con otras organizaciones, revela que desde enero hasta el 24 de julio de este año, Bolivia registró 52 feminicidios. En el período de 2015 a 2021, el país superó el centenar de feminicidios anuales, con un pico de 130 casos en 2018. Aunque desde 2022 la cifra bajó del centenar, preocupa la brutalidad de los agresores.

De los 52 casos registrados en lo que va del año, el 62 % de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, el 82 % de las víctimas tenían entre 21 y 40 años y al menos 60 niños y adolescentes quedaron huérfanos debido a estos crímenes. El informe también detalla que entre 2013 y julio de este año, el Ministerio Público reportó 1.120 casos de feminicidio, de los cuales 336 concluyeron con sentencia, mientras que 784 causas, equivalentes al 70 %, siguen pendientes en primera instancia.

Desde la promulgación de la Ley 348, se han registrado 457.065 denuncias de delitos de violencia enmarcados en esta norma, con un promedio de 50.000 casos anuales. Solo este año se han registrado 24.800 denuncias. El delito más común es la violencia familiar o doméstica, que afecta principalmente a mujeres, lo que pone en evidencia que el hogar sigue siendo el lugar más inseguro para ellas. El segundo tipo de violencia más denunciado es la sexual, con casos que se han duplicado en el último quinquenio, afectando principalmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

La Ley 348 ha sido objeto de controversia en los últimos meses. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y otros legisladores oficialistas han cuestionado la norma, calificándola de “antihombres” y “destructora de familias”. Algunos proponen reformarla por considerarla “complicada” y perjudicial para los derechos de los hombres.

Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, defendió la ley argumentando que “no es una ley antihombres”, sino una norma que busca dar respuesta a las víctimas de violencia y llevar a los responsables, especialmente de feminicidio y violencia sexual, ante la justicia para que reciban una sanción y se logre una reparación para las víctimas. Bayá también señaló que muchas críticas hacia la ley se deben a deficiencias del sistema de justicia, y no a la norma en sí misma, y advirtió que cualquier regresión en la ley sería “inadmisible”.