viernes 18 de octubre de 2024 - Edición Nº322

América | 9 may 2024

Posturas diversas por la liberación de docume

Uruguay aprueba ley para publicar documentos de la última dictadura

El Senado de Uruguay aprobó la creación del Archivo General de la Nación para recopilar documentos sobre la dictadura militar (1973-1985) y los derechos humanos. Impulsado por el senador Javier García, del Partido Nacional, el proyecto busca hacer accesibles al público registros de detenciones, allanamientos, escuchas telefónicas e informes de inteligencia. El Frente Amplio se opuso.


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Por: Mundo en Conflicto

El Senado de Uruguay ha dado luz verde a una histórica legislación que establece la creación de un Archivo General de la Nación, destinado a recopilar todos los documentos relacionados con el período histórico reciente y las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar (1973-1985).

Esta iniciativa, promovida por el senador Javier García del oficialista Partido Nacional, busca poner a disposición del público miles de páginas de registros de personas detenidas, informes de allanamientos, escuchas telefónicas e informes de agencias de inteligencia.

García, quien anteriormente se desempeñó como Ministro de Defensa Nacional y renunció para enfocarse en la campaña electoral, celebró la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados.

"El proyecto de acceso universal a los archivos del pasado reciente acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora es ley", anunció García, destacando el objetivo de conocer la verdad en su totalidad, sin restricciones ni manipulaciones, y promoviendo la transparencia para que esté disponible para todos aquellos que lo deseen.

El Frente Amplio criticó la propuesta y votó en contra, mientras que el gobierno reiteró su compromiso con la transparencia y la amplia difusión de los documentos.

El proyecto de ley tiene como objetivo centralizar toda la información estatal, abarcando desde actas de detención hasta informes de inteligencia, y hacerla accesible al público. Aunque existen preocupaciones sobre la privacidad de las familias de las víctimas, la ley garantiza un acceso libre a los archivos, con la posibilidad de mantener en reserva información sensible relacionada con la vida privada y el entorno familiar de las personas involucradas.

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